miércoles, 2 de julio de 2008

Hikkilo “Esto es una estrategia empresarial para sosegarme”

Abogado laboralista suspendido en Mar del Plata

Julio Hikkilo, secretario general del Sindicato de Repositores en Mar del Plata, adherido a la CTA, visitó ayer la sede nacional de la Central. Su presencia fue en el marco de las acciones que está llevando a cabo para frenar una sanción que pretende aplicarle el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de esa ciudad costera.

La denuncia que originó la suspensión, que se basaba en la figura de “falta de fraternidad y uso de conflictos como instrumento de publicidad”, le impone 5 días de suspensión. Uno de los denunciantes, Gustavo Demarchi, es un abogado patronal que se encuentra involucrado en uno de los Juicios por la Verdad.

Hikkilo, por su parte, ha realizado un gran trabajo de registración de trabajadores clandestinos en el sector del puerto de Mar del Plata, como así también en la organización de los trabajadores privados. Además, participó en la constitución de nuevas organizaciones sindicales, como el Sindicato de Trabajadores de Plantas Faenadoras Procesadoras de Aves y Afines, que nuclea a los trabajadores de la empresa Toledo.

La suspensión, sancionada el 15 de mayo pasado, no quedó firme porque Hikkilo la apeló. Ahora, quien tiene que resolver sobre la legitimidad de la medida es el Colegio Público de Buenos Aires. Una vez agotada esta instancia se habilita la instancia judicial. Al respecto, Hikkilo se expresó sorprendido por la decisión adoptada por el Tribunal: “Me parece que responde más bien a una estrategia de la parte empresarial que trata de sosegarme. Esto, con la idea de que no continue al frente de esta iniciativa de los trabajadores, en el asesoramiento de sus derechos y en su organización. Por ello apelé esta decisión ante el Consejo Superior del Colegio en La Plata, pidiendo que se revoque la misma, entendiendo que en ningún momento violé o falté a las normas de ética profesional”.

La situación fue comunicada a los integrantes del Observatorio Jurídico de la CTA, Organismos de Derechos Humanos y a la Asociación de Abogados Laboralistas, quienes expresaron “su inmediata solidaridad y se manifestaron asombrados por este ataque al ejercicio profesional”, según Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA. Para Meguira, este hecho se trata de “una represalia por la condición de defensor de los derechos humanos sociales. Y se agrava la circunstancia porque al tratarse de un abogado y un dirigente, lo que se intenta reprimir es la defensa de los sectores más vulnerables que carecen de representación o la representación que poseen no responde a los intereses de los representados”.

Para Meguira “las normas internacionales intentan la protección de los derechos en general, pero son mucho más protectoras cuando se trata de defensores de derechos, porque se entiende que hay una doble vulneración: la del derecho y la de la defensa de éste. Lo que intenta claramente la patronal de Mar del Plata –en referencia a Demarchi- con este tipo de sanciones es debilitar la defensa de los trabajadores, atacando a quien los ayuda en la organización”.

Concluyendo, Meguira afirmó que “la asesoría jurídica nacional lo considera un agravio por tratarse de un abogado con militancia en la CTA y por ende va a emprender las acciones en forma conjunta con los organismos de Derechos Humanos para reivindicar el derecho de Hikkilo a seguir ejercienco la profesión con un sentido social y de los trabajadores en general, para preservar la defensa de sus propios intereses”.

Por su parte, Daniel Jorajuría, secretario de Finanzas de la CTA y secretario general de la Nueva Organización Gastronómica, añadió que ésta es “una demostración más que los grupos económicos van por más. No sólo no se detienen en prohibir la libertad sindical dentro de sus empresas sino, que además intentan quitarle la matrícula de trabajo a quien en su doble rol organiza a los trabajadores y los defiende jurídicamente como lo hace Julio”.

Finalmente, Jorajuría afirmó que “esta decisión del Colegio Público de Abogados marplatense es un avance del poder corporativo en la Argentina contra los trabajadores en tiempos en que se reclama imperiosamente más calidad institucional. Por lo tanto, es un ataque más a los derechos fundamentales del trabajo que repudiamos profundamente”.

Publicado en [ACTA]

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